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Ambas leyes fueron duramente criticadas por la población Las leyes de punto final y obediencia debida decretadas por el presidente alfonsín en 1987 libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión. De hecho, las mismas, junto a los indultos realizados por carlos menem entre 1989 y 1990, fueron bautizadas popularmente como “leyes de impunidad”
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Finalmente, casi 20 años después de su promulgación, la corte suprema de justicia declaró a las leyes de punto final y de obediencia debida como anticonstitucionales y los genocidas. Lejos de ser una cuestión pasada y olvidada, el debate sobre los desaparecidos durante la dictadura militar ha sido reabierto La ley de obediencia debida y punto final fue una legislación implementada en argentina durante los años 80 y 90, con el objetivo de brindar una solución legal a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar
Esta ley generó una gran controversia en el país, ya que buscaba otorgar amnistía a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Las leyes de punto final y obediencia debida representan uno de los capítulos más controvertidos en la historia jurídica y política de argentina Promulgadas durante la presidencia de raúl alfonsín en la década de 1980, estas normativas buscaron establecer un límite legal a los juicios por crímenes cometidos durante la. Las leyes de punto final y obediencia debida establecieron la impunidad, es decir, la extinción de la acción penal y la no punibilidad de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática durante la dictadura cívico militar instaurada en 1976. A su vez se pronunció sobre la validez de la ley 25.7791, dictaminada por el congreso de la nación en 2003, que ya había declarado la nulidad de estas leyes.
La obediencia debida y el punto final fueron leyes que buscaban limitar juicios por crímenes de la dictadura, generando gran controversia y debate ético. El 9 de noviembre de 2001 la cámara federal de buenos aires anuló las leyes de punto final y obediencia debida y en 2003, el poder ejecutivo promulgó la ley n° 25.779 que las declaró nulas.
